Cuentan que en un pueblo detuvieron a dos hombres el mismo día. Uno era conocido, había ocupado cargos importantes y tenía amigos en las oficinas del poder. El otro era un trabajador que apenas ganaba para llevar comida a su casa. Cuando llegaron al juzgado, al primero lo esperaban abogados, políticos, cámaras y un montón de simpatizantes que gritaban exigiendo justicia. Al segundo solamente lo acompañaban su esposa, sus hijos y una madre que lloraba en silencio. Un viejo que observaba todo preguntó qué diferencia había entre los dos. Le respondieron que ambos tenían derecho a la presunción de inocencia. Entonces el viejo, viendo aquella multitud de un lado y la familia solitaria del otro, soltó: “¡AH, CHINGÁ! ¿Y ENTONCES POR QUÉ UNO TRAE PORRA Y EL OTRO NOMÁS TRAE A SU VIEJITA LLORANDO?”.
¡Y vaya que esta historia también viene como anillo al dedo para lo que estamos viendo en Chihuahua!
La detención de CJ, primero por la Fiscalía General del Estado y después por la Fiscalía General de la República, desató reacciones políticas, pronunciamientos y una movilización de simpatizantes que exige su libertad. El caso tiene implicaciones jurídicas importantes y corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades que pudieran existir. También ha puesto sobre la mesa una pregunta que merece hacerse sin rodeos: ¿Defendemos la presunción de inocencia como un derecho de todos o solamente levantamos la voz cuando el detenido es alguien conocido por la ciudadanía?
Que quede perfectamente claro desde el principio. CJ tiene todo el derecho del mundo a defenderse, a contar con abogados, a cuestionar las acusaciones y a exigir que se respeten sus garantías. Sus amigos y simpatizantes también tienen derecho a manifestarse, reunir firmas y expresar su respaldo. Nadie está pidiendo que se le niegue un solo derecho. La cuestión es otra: ¿Qué sucede con los ciudadanos que enfrentan procesos penales sin disponer de una estructura política capaz de convertir su situación en noticia nacional?
En México hay personas que pasan meses, e incluso años, en prisión preventiva sin haber recibido una sentencia. No todos los detenidos permanecen encarcelados, ni todas las medidas cautelares son iguales, pero el problema existe. Para muchas familias conseguir un abogado, reunir documentos o pagar los gastos de un proceso representa una batalla diaria. ¿Cuántos dirigentes políticos organizan campañas públicas para defender los derechos de esas personas?
Ahora vayamos al asunto de los panistas. Durante la primera detención de CJ, realizada por la Fiscalía estatal, las reacciones públicas de los distintos actores políticos no tuvieron la misma intensidad que las que surgieron después de la intervención de la FGR. Con la segunda orden de aprehensión llegaron nuevos pronunciamientos, expresiones de respaldo y cuestionamientos al procedimiento federal.
¿Qué cambió entre una detención y la otra? ¿Los hechos, las circunstancias jurídicas o la percepción política de quién estaba ejecutando la orden? Es una pregunta que merece hacerse sin atribuirle automáticamente una intención a cada dirigente.
Si se trata de defender un principio, ese principio debe valer exactamente lo mismo frente a cualquier autoridad. La presunción de inocencia no cambia de significado según el partido que gobierne ni según el nombre de quien firma una orden de aprehensión.
Entonces aparecieron las firmas. La movilización de simpatizantes de César comenzó durante el procedimiento estatal y adquirió mayor visibilidad con la detención federal. Sus promotores pueden reunir todas las firmas que quieran. Es su derecho. Pero una cosa es manifestarse para exigir un proceso justo y otra pretender que una lista de apoyos determine lo que corresponde resolver a un juez.
¿Desde cuándo la cantidad de amigos de un acusado debe pesar más que las pruebas de un expediente? ¿Qué pasaría si mañana un ciudadano sin contactos enfrentara una acusación semejante? ¿Tendría que conseguir mil firmas, contratar una campaña de publicidad o llamar a un diputado para que sus derechos fueran escuchados?
La respuesta jurídica es sencilla: no. Sus derechos existen, aunque nadie lo conozca, aunque no tenga seguidores y aunque no haya una sola cámara esperando afuera del juzgado. Aquí está precisamente el problema que esta historia invita a discutir.
Cuando se habla de un personaje público, aparecen comunicados, posicionamientos y llamados a respetar el debido proceso. Cuando se trata de alguien sin notoriedad, su familia puede pasar semanas buscando que alguien escuche su historia. No significa que todos los políticos actúen igual ni que toda persona desconocida reciba un trato injusto. Significa que la visibilidad, los recursos y las redes de apoyo pueden ser profundamente distintos, aunque los derechos sean exactamente los mismos.
También hay que poner atención en las dos detenciones. La Fiscalía estatal solicitó prisión preventiva para Jáuregui, pero el juez impuso otras medidas cautelares. Eso no equivale a una absolución. Después llegó una orden federal y su traslado al Altiplano. Tampoco esa segunda detención demuestra culpabilidad. En ambos procedimientos las autoridades deben acreditar sus acusaciones y la defensa tiene derecho a controvertirlas.
Lo que no corresponde es convertir una resolución favorable al acusado en prueba automática de inocencia ni una orden de aprehensión en una sentencia anticipada. Mucho menos utilizar el respaldo de un partido como sustituto de los argumentos jurídicos.
Ahora viene una pregunta que debería interesar tanto a quienes respaldan a César como a quienes lo cuestionan: ¿Estarían dispuestos a defender con el mismo entusiasmo el debido procesode una persona sin apellido conocido, sin amigos políticos y sin posibilidad de convocar una manifestación? Este es el verdadero examen de coherencia.
No se trata de quitarle derechos a CJ, se trata de preguntarnos por qué tantas veces hace falta una detención de alto perfil para que los políticos recuerden públicamente que la presunción de inocencia existe. La justicia no debería necesitar una campaña para escuchar a quien tiene razón, ni una multitud para proteger los derechos de quien todavía no ha sido declarado culpable.
Martillazooo final
Volvamos al juzgado de aquel pueblo. Los dos detenidos esperaban su audiencia. Afuera, los simpatizantes del hombre conocido seguían gritando consignas y levantando pancartas. Del otro lado, la madre del trabajador sostenía una pequeña bolsa con ropa limpia para su hijo.
El viejo se acercó al funcionario de la entrada y preguntó: —Oiga, ¿los dos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario? —Así lo establece la ley. —¿Y los dos tienen derecho a una defensa? —Por supuesto. —¿Y los dos merecen que el juez revise las pruebas sin presiones? —Exactamente.
El viejo miró las cámaras, las pancartas, los políticos y después a la madre que esperaba sola. Se acomodó el sombrero y soltó: —¡PUES ENTONCES EXPLÍQUENME UNA CHINGADA COSA! ¡SI LOS DOS TIENEN LOS MISMOS DERECHOS, ¿POR QUÉ PARECE QUE UNO NECESITA ABOGADO Y EL OTRO, ADEMÁS, ¡¿NECESITA PADRINOS PARA QUE TODO EL MUNDO SE ACUERDE DE LA LEY?!
Nadie respondió. El viejo se acercó a la señora y le dijo: —No se preocupe, madre. Su hijo tiene los mismos derechos que el otro. Ella levantó la mirada y preguntó: —¿Y quién va a recordárselo a los demás?
¡El que entendió, entendió!… ¡QUE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO DEBERÍA NECESITAR PADRINOS, APELLIDOS FAMOSOS NI UNA LISTA DE FIRMAS PARA HACERSE RESPETAR!
MARTILLAZOOO!
QDTB SIEMPRE y recuerda que lo mejor está por venir!
