Imagine una elección en la que las urnas abren con normalidad. Hay representantes de partidos, funcionarios de casilla, boletas, tinta indeleble, ciudadanos formados desde temprano. Todo parece democrático. Hasta que deja de serlo.
En algunas comunidades comienzan las amenazas, en otras aparece dinero de procedencia criminal. Un operador recibe una llamada que entiende perfectamente, otro decide que ese día es mejor no movilizar gente. Un candidato contrario descubre que hacer campaña en determinadas zonas ya no resulta conveniente. Algunos ciudadanos reciben el mensaje sin necesidad de que nadie se los explique dos veces. “Aquí se vota por éste.”
Ahora agreguemos el ingrediente que vuelve verdaderamente brutal el escenario: El candidato beneficiado sí sabe.
No estamos hablando del político inocente que jamás pidió ayuda, tampoco del candidato que resultó favorecido accidentalmente por las acciones de un tercero que nunca conoció. Estamos hablando de otro supuesto. El candidato sabe quién está moviendo las piezas. Acepta el apoyo. Permite la intervención. Recibe el beneficio conscientemente. Quizá incluso existe evidencia suficiente para demostrar que hubo acuerdo, consentimiento o participación.
Llegan las elecciones, gana. Después aparecen las pruebas. Entonces la pregunta deja de ser jurídica para convertirse en algo que cualquier ciudadano puede entender: ¿LE ENTREGAMOS EL GOBIERNO?
Ése es el verdadero tamaño de la discusión que acaba de abrirse en Chihuahua.
La reforma electoral impulsada desde el gobierno de Maru Campos buscó colocar barreras frente a la intervención criminal en los procesos electorales. Este 29 de septiembre, la Suprema Corte resolvió las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra distintas partes de esa reforma. Entre sus determinaciones invalidó sanciones automáticas contra aspirantes o candidatos por conductas realizadas por terceros, al considerar que no puede atribuirse responsabilidad personal sin acreditar culpabilidad. Al mismo tiempo, de acuerdo con los reportes de la resolución, el Pleno mantuvo la posibilidad de nulidad ante hechos de delincuencia permanente o sistemática cuando sean graves, dolosos y determinantes para el resultado.
Es importante precisarlo, pues alrededor de la sentencia ya comenzaron a volar interpretaciones políticas de todos los colores.
Este MARTILLAZOOO no pretende convertirse en seminario constitucional. Tampoco vamos a dedicar veinte párrafos a discutir tecnicismos. Vamos a hacer algo mucho más sencillo. Vamos a imaginar que el narco sí metió las manos. No como rumor, no como acusación de campaña, no como una fotografía sacada de contexto.
Hablemos del escenario en que existen pruebas suficientes para que una autoridad competente determine que hubo violencia, intimidación, amenazas, financiamiento criminal o manipulación; que esas conductas fueron graves; que afectaron la elección. Más todavía: imaginemos que existen pruebas suficientes para acreditar que el candidato sabía o participó.
Ahora sí, ¿Qué hacemos? En ese momento ya no estamos hablando solamente de un delincuente tratando de meterse en la política, estamos hablando de un político que le abrió la puerta.
EL NARCO NO NECESITA APARECER EN LA BOLETA. Quizá esta sea la parte que todavía no terminamos de comprender.
Durante años hemos imaginado la intervención criminal en política como una película demasiado obvia: el narcotraficante convertido en candidato, la fotografía comprometedora, el dinero entregado directamente, la conversación grabada, el pacto escrito prácticamente con membrete.
La realidad puede ser bastante más complicada. El crimen organizado no necesita registrar candidatos, le basta con conseguir influencia sobre quienes sí aparecen registrados. No necesita llenar plazas, puede vaciarlas. No necesita convencer ciudadanos, puede intimidarlos. No necesita ganar un debate, puede conseguir que el adversario ni siquiera llegue. Tampoco necesita aparecer en la fotografía levantándole la mano al candidato, le basta con saber que, una vez sentado en la silla, tendrá cómo tocarle la puerta.
Ése es el riesgo que debería preocuparnos mucho más que cualquier pleito entre partidos.
Una elección contaminada por el crimen no significa solamente que alguien consiguió votos de manera ilegal. Puede significar que la voluntad ciudadana dejó de ser completamente libre. El voto emitido bajo amenaza sigue siendo una boleta dentro de una urna, pero difícilmente puede llamarse libertad.
Por eso, resulta insuficiente reducir toda esta discusión a decidir si determinada disposición de Chihuahua estuvo bien redactada o si determinada sanción era proporcional. Ésas son preguntas jurídicas legítimas. Los tribunales tendrán que responderlas conforme a la Constitución.
La pregunta política de fondo permanece: ¿Qué herramientas debe tener una democracia para defenderse cuando quien intenta capturarla no es otro partido, sino el crimen organizado? Esto debería comenzar la siguiente discusión. UNA COSA ES SOSPECHAR… OTRA PROBAR
También existe un peligro en sentido contrario. Bastaría una acusación falsa de vínculos criminales para intentar destruir una candidatura si las reglas estuvieran mal construidas. Esto tampoco puede permitirse. “Narco candidato” no puede convertirse en insulto electoral utilizado para sacar adversarios de la boleta. Tiene que haber pruebas, investigación, autoridades competentes, debido proceso, elementos suficientes para demostrar los hechos.
La gravedad del crimen organizado exige reglas más sólidas, no reglas más arbitrarias.
Una vez demostrado el escenario grave, la conversación cambia completamente. Si se acredita que hubo intervención criminal determinante, estamos frente a un problema de autenticidad electoral. Si además se acredita que un candidato participó conscientemente, el asunto deja de ser solamente qué hicieron terceros: aparece también su propia responsabilidad, que deberá resolverse conforme al marco legal aplicable.
Eso es muy distinto a castigar automáticamente a alguien sólo por resultar beneficiado.
La propia información publicada sobre la sentencia de la Corte distingue ambos problemas: eliminó la responsabilidad automática por actos ajenos, pero reportes sobre la resolución señalan que validó la nulidad frente a delincuencia sistemática determinante bajo condiciones específicas.
Dejemos al candidato inocente fuera de esta historia. Pongamos sobre la mesa el caso verdaderamente podrido. El que sabía. El que aceptó. El que permitió. El que participó. El que entendió perfectamente de dónde venía la ayuda, vio lo que estaban haciendo para beneficiarlo y decidió seguir caminando hacia la silla.
Si todo eso se demuestra, ya no estamos frente a alguien que tuvo mala suerte al ser favorecido por terceros, estamos frente a una pregunta mucho más seria sobre la relación entre poder político y poder criminal.
No importa el color. Azul, guinda, naranja, tricolor, verde. El problema sería exactamente el mismo, ya que el día que aceptemos que una elección manipulada por criminales puede tratarse como una elección ordinaria, habremos cometido un error enorme: confundir contar votos con tener democracia.
Martillazooo final
Volvamos a aquella elección. Las casillas cerraron. Contaron las boletas. Hubo un ganador. Llegaron los festejos. Confeti. Música. Abrazos. Después comenzó la investigación. Aparecieron amenazas. Apareció dinero. Aparecieron operadores. Aparecieron pruebas de intervención criminal. Finalmente apareció lo que faltaba: La evidencia de que el candidato sabía. Sabía quiénes eran. Sabía qué estaban haciendo. Aceptó. Participó. Se benefició conscientemente. Entonces alguien volteó hacia el resultado electoral. Miles de votos seguían ahí. Las actas seguían ahí. El nombre del ganador seguía ahí. Todo parecía exactamente igual. Salvo por un pequeño detalle: ya sabíamos quién más había metido la mano en la urna.
Una democracia no puede tumbar candidatos por rumores, no puede anular elecciones por chismes, no puede condenar a una persona por lo que hizo un tercero sin demostrar su responsabilidad, tampoco puede hacerse pendeja frente al escenario contrario: Si existen pruebas, si hubo intimidación, si hubo intervención criminal determinante, si el candidato sabía, si aceptó, si participó.
La pregunta es si estamos dispuestos a reconocer como auténtica una voluntad popular que el crimen ayudó a torcer. La reforma podrá corregirse. Los artículos podrán escribirse nuevamente. Los tribunales marcarán los límites constitucionales. Los legisladores tendrán que construir mecanismos que respeten derechos sin dejar indefensa la elección. Pero hay una línea que una democracia jamás debería perder de vista: EL NARCO NO NECESITA GANAR UNA ELECCIÓN, LE BASTA CON CONSEGUIR QUE GANE EL SUYO.
Si alguna vez eso se demuestra… la pregunta seguirá esperando respuesta: ¿Y SI EL NARCO ELIGE… QUIÉN ANULA LA ELECCIÓN?
¡El que entendió, entendió!… Y los demás que sigan creyendo que todas las elecciones se ganan en las urnas.
MARTILLAZOOO!
¡QUE DIOS TE BENDIGA SIEMPRE y recuerda que lo mejor está por venir!
