En un pueblo había una cárcel pequeña. Nada extraordinario: barrotes, candados, cámaras, uniformes, llaves colgadas del cinturón y hombres encargados de vigilar a otros hombres. A los custodios el pueblo les había entregado algo mucho más importante que un manojo de llaves: poder. Podían abrir una puerta, cerrarla, trasladar a un detenido, esposarlo, darle una orden. Del otro lado estaba alguien que ya no podía simplemente decir “ahí se ven” y largarse a su casa.
Un día ocurrió algo dentro de aquella cárcel. Un detenido terminó muerto. La gente comenzó a preguntar qué había hecho: “¿Por qué estaba detenido?”, “¿Qué delito cometió?”, “¿Se portó mal?”, “¿Se puso agresivo?”. Hasta que un viejo que escuchaba la conversación desde una banca hizo una pregunta mucho más sencilla: “¿Y eso qué tiene que ver con que haya terminado muerto bajo el cuidado de quienes tenían la obligación de custodiarlo?”. Nadie respondió. Entonces el viejo soltó otra: “Si al preso lo vigila el custodio… ¿Quién chingados vigila al custodio?”
AHORA VÁMONOS A CHIHUAHUA… Edwin C. C., de 45 años, murió el pasado 8 de julio después de haber estado bajo custodia de autoridades estatales. Hoy cuatro policías procesales están vinculados a proceso por homicidio calificado y tortura. Permanecen en prisión preventiva y enfrentarán un proceso en el que será un juez quien determine finalmente si son responsables. Estar vinculados a proceso no significa estar condenados.
Lo que se investiga es suficientemente grave para obligarnos a mirar más allá de cuatro nombres. De acuerdo con la investigación presentada ante el juez, Edwin habría sido agredido después de una audiencia en instalaciones del Tribunal Superior de Justicia. Posteriormente fue trasladado al Cereso 1 severamente lesionado y murió horas después. La causa de muerte reportada fue hemorragia cerebral y traumatismo craneoencefálico severo.
Ahora viene un número que se atora: 82 días. Los cuatro policías continuaron desempeñando sus labores durante 82 días después de la muerte de Edwin, hasta que fueron ejecutadas las órdenes de aprehensión.
Ochenta y dos días. No dos. No ocho. Ochenta y dos.
Entonces volvemos a la misma pregunta del viejo: ¿QUIÉN CUSTODIA A LOS CUSTODIOS?
NO SE TRATA DE DEFENDER AL PRESO. Aquí es donde luego se hace bolas la raza. Edwin estaba detenido y enfrentaba un proceso por narcomenudeo. Perfecto, que lo investigaran, que enfrentara a la justicia y que un juez determinara lo que correspondiera. Para eso existen los tribunales.
Lo que no existe es una sentencia que diga: “Y además pueden madrearte hasta matarte”.
La cárcel puede quitarte la libertad. No le entrega a nadie permiso para quitarte la vida. Ésa es precisamente la diferencia entre autoridad y abuso. Al que comete un delito lo castiga la ley; al detenido lo custodia el Estado. Si empezamos a confundir una cosa con la otra, entonces ya no estamos hablando de justicia. Estamos hablando de otra cosa.
Y TODAVÍA FALTAN PREGUNTAS… El caso sigue abierto. También existe una investigación de derechos humanos y las autoridades han señalado que continúan las indagatorias para determinar si hubo más personas involucradas. Por eso esto no cabe cómodamente en decir: “Son cuatro, ya los agarraron, asunto arreglado”. No.
Hay que saber qué pasó antes, durante y después. Quién supo, quién reportó, quién revisó, quién recibió al detenido, quién vio las condiciones en las que llegó, quién tenía acceso a las cámaras, quién supervisaba y quién tenía la obligación de preguntar qué chingados había pasado.
No significa que todos sean responsables, significa que hay que averiguar hasta dónde llega la responsabilidad.
Si una cadena tiene diez eslabones y cuatro aparecen bajo investigación, lo lógico es revisar la cadena completa. Si los demás hicieron correctamente su trabajo, perfecto. Si alguien más tuvo responsabilidad, también tendrá que explicarla.
EL UNIFORME TAMBIÉN SE DEFIENDE DESDE ADENTRO. Los cuatro imputados tienen derecho a defenderse, presentar pruebas, controvertir las acusaciones y exigir un proceso justo. Exactamente como debe ser. Pero también la sociedad tiene derecho a preguntar qué controles existen para impedir abusos contra una persona que se encuentra completamente bajo custodia del Estado.
No se trata de linchar policías, al contrario. Al buen policía también le conviene que al malo lo investiguen. Un uniforme no debería servir para esconder al cabrón que cruza la línea; debería servir para distinguir a quienes cumplen con su responsabilidad.
El uniforme merece respeto. Pero el respeto al uniforme comienza por quien lo trae puesto.
Martillazooo final
Volvamos al pueblo.
Después de la muerte del detenido comenzaron las investigaciones. Revisaron cámaras, preguntaron, buscaron responsables. El viejo seguía sentado afuera de la cárcel hasta que un funcionario salió y le dijo: “No se preocupe, estamos investigando”. El viejo asintió. “Qué bueno”. El funcionario agregó: “Entonces tenga confianza”. El viejo volvió a mirar la cárcel, los barrotes, las cámaras, los uniformes y las llaves colgadas de los cinturones.
—Nomás me queda una duda. —¿Cuál? —Ya entendí quién tiene las llaves de los presos… El funcionario esperó. El viejo señaló hacia los custodios. ¿PERO QUIÉN TIENE LAS LLAVES DE ELLOS?
Ahí está el verdadero problema. No sabemos todavía hasta dónde llegará la responsabilidad ni quiénes terminarán siendo declarados culpables. Hay cuatro policías procesales vinculados a proceso y serán los tribunales los que determinen qué ocurrió y qué responsabilidad corresponde a cada uno.
Pero algo no debería necesitar sentencia para entenderse: estar detenido no significa estar condenado a muerte. Un detenido puede ser culpable, puede haber cometido un delito grave, puede ser una fichita. Para eso existen jueces, procesos y cárceles. Desde el momento en que el Estado le pone unas esposas y le quita la posibilidad de irse, también adquiere una responsabilidad elemental: custodiarlo, no madrearlo, no castigarlo por su cuenta, mucho menos decidir si merece regresar vivo.
Que la investigación llegue hasta donde tenga que llegar. Si hubo más involucrados, que los encuentren. Si existieron omisiones, que se esclarezcan. Si aparecen responsabilidades de mando, que se investiguen. Si alguien no tuvo responsabilidad, que también quede claro.
Ni proteger uniformes ni fabricar culpables.
Para detener delincuentes necesitamos policías. Para cuidar cárceles necesitamos custodios. Para castigar delitos necesitamos jueces. Pero para impedir que alguien con autoridad termine creyendo que también recibió permiso para impartir justicia con sus propias manos… NECESITAMOS SABER QUIÉN CUSTODIA A LOS CUSTODIOS.
¡El que entendió, entendió!… Y los demás, que no confundan una celda con una sentencia de muerte.
MARTILLAZOOO!
QDTB SIEMPRE y recuerda que lo mejor está por venir!
