Hay listas en las que cualquiera quisiera aparecer, los diez mejores alcaldes, los mejor evaluados, los que más obra hicieron, los que tienen mayor aprobación o aquellos cuyos ciudadanos dicen sentirse más seguros. Hay otras donde nadie quisiera estar. Circula en redes sociales un Top 10 bastante diferente, uno de esos donde seguramente ninguno de los fotografiados levantará el teléfono para agradecer la distinción.
La publicación lleva el nombre de “Los 10 alcaldes más corruptos” y se atribuye a “Juarenses Contra la Corrupción y la Impunidad”. Algunos medios la han presentado como un denominado índice sobre corrupción municipal; la propia imagen, sin embargo, habla de un “análisis ciudadano” y de un “resumen documental de las hojas recibidas”. MARTILLO buscó información pública sobre el ejercicio y no encontró, al momento de escribir esta columna, una ficha metodológica suficiente para tratarlo como una encuesta científica. Así que empecemos poniendo cada cosa en su lugar: una imagen que circula en redes no es una sentencia y aparecer en ella no convierte automáticamente a nadie en culpable.
Pero vaya lista. Aparecen personajes de Morelos, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México y Chihuahua. Irving Sánchez Zavala, Carlos Peña Ortiz, Eduardo Gattás Báez, Ignacio Campos Equihua, José Luis Téllez Marín, Artemio Moriya Sánchez, Isidoro Mosqueda Estrada, Nancy Nápoles Pacheco, Agustín Toledano y, cerrando el Top 10, el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. La publicación mezcla casos que describe como detenciones con investigaciones, denuncias, menciones y señalamientos. Precisamente aquí aparece la primera pregunta: ¿Se puede meter en el mismo costal a un detenido, un investigado, un denunciado y un señalado? No.
Una denuncia no es una condena, una investigación no equivale a culpabilidad, un señalamiento publicado en redes tampoco sustituye a un juez. Si vamos a hablar de corrupción, conviene recordar algo elemental que en tiempos electorales algunos olvidan con sorprendente facilidad: acusar es relativamente sencillo; demostrar es otra historia.
Tampoco nos vayamos al otro extremo. La presunción de inocencia no puede convertirse en el detergente favorito de la clase política para lavar cualquier cuestionamiento. Si existen denuncias, deben investigarse. Si existen expedientes, deben resolverse. Si hay pruebas, deben presentarse. Y si alguien cometió un delito, que responda, tenga el color que tenga y se apellide como se apellide.
En el caso del Estado Grande, la publicación coloca a Cruz Pérez Cuéllar en el número diez y le atribuye 40 denuncias por presuntos actos de corrupción y peculado, además de otros señalamientos especialmente graves que MARTILLO no presentará como hechos mientras no exista una resolución que los acredite. Lo interesante es que la cifra de las 40 denuncias no nació ayer con la imagen: promotores del actual proceso ciudadano de revocación de mandato contra Pérez Cuéllar también han hablado públicamente de alrededor de 40 denuncias ante distintas instancias. Incluso existen antecedentes documentados de denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades en administraciones encabezadas por el juarense. Eso acredita que hay señalamientos y denuncias; no acredita, por sí mismo, que Cruz sea culpable de ellos.
Cruz no es cualquier alcalde perdido en una lista nacional. Es uno de los personajes que abiertamente juega en la sucesión por la gubernatura de Chihuahua. Por eso cada denuncia, cada investigación, cada publicación favorable y cada madrazo que aparezca de aquí a la elección será utilizado por unos para destruirlo y por otros para victimizarlo.
Que nadie se haga …endejo: ya estamos en campaña, aunque todavía no aparezca la palabra “campaña” en los espectaculares. Precisamente por esto, publicaciones como ésta deben observarse con lupa. No para censurarlas, tampoco para desecharlas automáticamente. Si para preguntar. ¿Quién hizo el ejercicio? ¿De dónde obtuvo la información? ¿Cuál fue el criterio para seleccionar precisamente a esos diez? ¿Cómo se estableció el orden? ¿Qué casos tienen resoluciones y cuáles solamente denuncias? ¿Por qué un detenido comparte categoría con alguien simplemente señalado? ¿Existe un documento completo detrás de la infografía que permita revisar cada expediente?
Si las respuestas existen, que se publiquen. Eso fortalecería enormemente el ejercicio. Y si no existen, también sería importante saberlo.
Hay algo particularmente peligroso en la era de las redes sociales: una imagen bien diseñada puede viajar mucho más rápido que un expediente de mil páginas. Una fotografía, un número rojo y la palabra “CORRUPTO” pueden dictar una sentencia social antes de que alguien siquiera pregunte qué existe detrás.
Tampoco culpemos únicamente a las redes. Durante décadas la impunidad ayudó a construir esa desconfianza. Cuando las investigaciones duran años, los expedientes duermen, las denuncias van y vienen y prácticamente nunca sabemos cómo terminaron, el ciudadano acaba creyendo primero en una infografía que en las instituciones. Esto también debería preocuparnos.
Martillazooo final
Así que ahí está el famoso Top 10. Diez nombres. Diez fotografías. Muchos señalamientos. Y una palabra gigantesca encima de todos: CORRUPTOS.
MARTILLO no tiene una toga ni pretende sustituir a un juez. Si alguno de esos diez cometió delitos, que se investigue y se demuestre. Si robó, que pague. Si abusó del poder, que responda. Caiga quien caiga.
Pero si alguno fue colocado ahí únicamente mediante acusaciones que nunca pudieron probarse, también merece que su nombre sea limpiado con el mismo tamaño de letra con el que fue ensuciado. Ésa debería ser la regla. Ni impunidad para el poderoso. Ni sentencia por diseño gráfico.
