Autoridades de Estados Unidos iniciaron acciones legales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y mandos policiales, por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las investigaciones contemplan el posible decomiso de bienes, propiedades y recursos financieros relacionados directa o indirectamente con actividades ilícitas como el tráfico de drogas, armas y secuestro.
Las autoridades estadounidenses señalaron que estas medidas podrían aplicarse incluso si los activos fueron transferidos, vendidos o colocados fuera del alcance inmediato del tribunal, en el marco de su legislación contra el crimen organizado.
Según versiones difundidas en medios nacionales como El Universal, la acusación sostiene que el mandatario sinaloense habría sostenido encuentros con líderes criminales y permitido condiciones para su operación, además de facilitar la colocación de perfiles en cargos estratégicos.
En el mismo contexto, también se menciona la existencia de presuntos esquemas de pagos ilegales a funcionarios, conocidos como “narconómina”, lo que formaría parte de la estructura de protección señalada en las investigaciones.
De confirmarse las acusaciones en tribunales, las autoridades procederían a la confiscación total de bienes y cuentas bancarias de los implicados, conforme a la normativa estadounidense.
El caso abre un nuevo frente en la relación bilateral en materia de seguridad y vuelve a poner en el centro del debate la infiltración del crimen organizado en estructuras políticas.
