El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, tragedia que dejó 13 personas muertas y decenas de heridos, y afirmó que el hecho no puede calificarse como un accidente, sino como una consecuencia directa de la corrupción ligada al poder federal.
El legislador sostuvo que el desastre era previsible, luego de que se dieran a conocer audios y señalamientos sobre presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto, incluyendo contratos inflados, supervisiones simuladas y fallas técnicas deliberadamente ignoradas. En ese contexto, responsabilizó a personas cercanas a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes —dijo— habrían operado negocios al amparo del poder.
Medina acusó que el gobierno federal optó por proteger intereses económicos familiares por encima de la seguridad de los usuarios, pese a las advertencias previas sobre los riesgos de una obra mal ejecutada. Afirmó que la tragedia enluta hoy a 13 familias mexicanas por una cadena de decisiones marcadas por negligencia y complicidad.
El diputado priista exigió una investigación exhaustiva e independiente que llegue hasta las últimas consecuencias, señalando que un hecho de esta magnitud no ocurre sin una red de omisiones que inicia desde la asignación de contratos y la falta de supervisión real.
Finalmente, advirtió que el caso no debe ser reducido a un discurso político ni manipulado desde el aparato gubernamental para desacreditar a quienes exigen justicia, pues —subrayó— se trata de un crimen con responsables claros vinculados a las más altas esferas del poder de la llamada Cuarta Transformación.
