Chihuahua, Chih.– A partir del 31 de agosto, el sector educativo de Chihuahua iniciará el ciclo escolar 2026-2027 con un nuevo esquema de protección integral para estudiantes, padres de familia y personal docente de los sistemas estatal y federal.
El secretario de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez Dávila, informó que se reactivará el Marco Local de Convivencia Escolar, documento que fue actualizado tras más de una década sin aplicación y que ahora incorpora mecanismos para garantizar procesos justos, atención a conflictos y protección tanto para alumnos como para docentes.
Entre las principales novedades destaca la creación de un Protocolo de Protección Docente, que establece rutas de actuación ante agresiones o acusaciones contra maestras y maestros, además de fortalecer la prevención y atención de casos relacionados con violencia escolar.
La actualización también incorpora herramientas para enfrentar problemáticas actuales como el ciberacoso, la violencia digital, el acoso escolar, el maltrato y la violencia sexual, mediante protocolos y guías de actuación para los planteles educativos.
El nuevo marco normativo fue desarrollado durante 2025 y consolidado en enero de 2026, luego de mesas de trabajo con autoridades educativas, especialistas y representantes de las secciones 8 y 42 del SNTE, con el propósito de armonizar la normativa estatal con los lineamientos federales.
Entre los siete instrumentos que entrarán en vigor destacan:
- Protocolo de Protección Docente.
- Protocolo de Prevención y Atención de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes.
- Guías de atención para casos de acoso, violencia sexual, maltrato y violencia digital.
- Lineamientos para la solución de conflictos mediante mecanismos alternativos.
- Actualización del Marco Local de Convivencia Escolar.
- Marco de Convivencia para Educación Media Superior.
- Protocolo para la atención de violencias en bachillerato.
Las autoridades educativas señalaron que estos documentos serán socializados al inicio del nuevo ciclo escolar para que todas las escuelas públicas y privadas del estado cuenten con criterios unificados en la atención de conflictos y la protección de la comunidad escolar.
