La diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, calificó como preocupantes las reformas aprobadas durante el reciente periodo extraordinario del Congreso de la Unión, al considerar que podrían abrir la puerta a interpretaciones discrecionales en futuros procesos electorales.
Durante una conferencia de prensa organizada por el PAN Estatal, la legisladora cuestionó particularmente las modificaciones al artículo 41 constitucional relacionadas con la posible anulación de elecciones por intervención extranjera.
Granados señaló que actualmente no existe una legislación secundaria que defina con claridad qué debe entenderse por intervención extranjera, situación que, aseguró, genera incertidumbre jurídica.
“Morena aprueba la anulación de elecciones en caso de intervención extranjera, pero nadie define qué es intervención extranjera. No existe una ley secundaria que establezca claramente los alcances de ese concepto”, afirmó.
La diputada sostuvo que la falta de reglas específicas podría permitir interpretaciones amplias por parte de las autoridades electorales y de las instituciones encargadas de aplicar la legislación.
Asimismo, criticó el desarrollo del periodo extraordinario de sesiones, al señalar que las reformas fueron discutidas y aprobadas bajo presión y con escaso tiempo para el análisis legislativo.
“Fue un periodo atropellado porque Morena tuvo prisa por corregir errores derivados de reformas anteriores”, expresó.
Granados también cuestionó la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad de candidaturas, argumentando que los mecanismos propuestos para revisar posibles vínculos de aspirantes con actividades delictivas carecen de procedimientos claros y obligatorios.
La legisladora recordó que el Partido Acción Nacional impulsó propuestas enfocadas en fortalecer la democracia, entre ellas la anulación de elecciones por intervención del crimen organizado, la pérdida de registro de partidos vinculados con actividades ilícitas, la eliminación de la sobrerrepresentación legislativa y la prohibición del uso electoral de programas sociales.
Finalmente, Manque Granados sostuvo que el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de los contrapesos políticos debe mantenerse como una prioridad para garantizar procesos electorales transparentes y equitativos en el país.
