Arturo Medina exige investigación de fondo por narcopolítica: “No basta con licencias, México debe limpiar sus instituciones”

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina Aguirre, lanzó un llamado a realizar investigaciones profundas y sin simulaciones ante los recientes señalamientos de presunta infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno.

El legislador advirtió que la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no debe interpretarse como una solución definitiva, sino como un primer paso que debe dar pie a indagatorias serias y a fondo.

Desde su postura, Medina sostuvo que la exigencia social va más allá de movimientos políticos temporales, al señalar que el país requiere una revisión integral de funcionarios, actores políticos y estructuras institucionales que pudieran estar vinculadas con organizaciones criminales.

El diputado subrayó que México no puede depender de presiones externas para actuar en temas de esta magnitud, enfatizando que la defensa de la soberanía nacional implica decisiones firmes desde el interior del país, con instituciones que respondan a la ciudadanía.

Asimismo, hizo referencia a denuncias históricas sobre posibles vínculos entre poder político y crimen organizado en diversas entidades, como Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Baja California, señalando que estos señalamientos han sido ignorados en múltiples ocasiones por intereses políticos.

Medina advirtió que cuando el crimen organizado logra influir o sustituir funciones del Estado en ciertas regiones, no solo se compromete la seguridad pública, sino también la estabilidad institucional del país.

En ese sentido, insistió en que, si bien es necesario que funcionarios señalados se separen del cargo para facilitar investigaciones, esta medida resulta insuficiente si no se acompaña de procesos sólidos por parte de la Fiscalía General de la República.

Finalmente, el legislador llamó a que el combate a la infiltración criminal deje de ser reactivo o selectivo, y se convierta en una política de Estado con alcance nacional, enfocada en garantizar justicia, transparencia y el fortalecimiento institucional.

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