La diputada Xóchitl Contreras acusó que el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar estaría utilizando el cobro del impuesto predial como una herramienta de presión y venganza política, particularmente contra quienes han denunciado presuntos actos de nepotismo y corrupción en la administración municipal.
La legisladora reiteró que su trabajo legislativo y territorial está enfocado en la defensa de las familias juarenses, advirtiendo que hacer anuncios públicos sobre adeudos, embargos o remates con fines políticos representa una politización indebida de la hacienda pública y un debilitamiento directo del Estado de Derecho.
“Hoy queda claro que el intento de embargar un edificio del PAN no es un tema administrativo, es una venganza política. Es la respuesta del alcalde ante las denuncias por nepotismo y ante el acompañamiento que estamos dando a los juarenses para que se amparen contra el aumento desmedido del predial”, señaló.
Contreras fue enfática al señalar que el presidente municipal no tiene facultades legales para decidir discrecionalmente a quién se le cobra el predial y a quién no, ni para administrar este impuesto como si fuera un favor personal.
“No existen descuentos a modo, no existen perdones discrecionales y no existe el ‘predial según la cercanía con el poder’. La ley debe aplicarse igual para todos”, afirmó.
La diputada planteó cuestionamientos que, dijo, hoy se hacen muchos ciudadanos:
¿A quiénes sí se les está cobrando el predial y a quiénes no?
¿Los amigos del presidente municipal reciben beneficios que la ley no autoriza?
¿O en Juárez la legalidad depende del apellido, la relación o la conveniencia política?
“Cuando hay silencio y discrecionalidad, surgen sospechas legítimas de trato desigual”, advirtió.
Asimismo, rechazó las declaraciones del alcalde sobre someter a plebiscito ciudadano el cobro del predial y el eventual remate del edificio del Partido Acción Nacional, al considerar que dicha propuesta carece de sustento legal y busca confundir a la ciudadanía.
“La ley no se consulta por aplauso ni por micrófono. El cobro del predial no es una ocurrencia política, es una obligación legal que debe ejercerse con responsabilidad institucional. No hacerlo constituye una irresponsabilidad administrativa”, subrayó.
Finalmente, explicó que la recaudación y administración de los ingresos municipales corresponde exclusivamente a la Tesorería Municipal, y que cualquier procedimiento de cobro o embargo debe apegarse estrictamente a la ley, sin amenazas ni discursos políticos.
“Ciudad Juárez merece un gobierno que respete la ley, no uno que la use como garrote político. Yo seguiré del lado de las y los juarenses, defendiendo la legalidad y exhibiendo los abusos de poder”, concluyó.
