El organismo electoral presentó una denuncia de hechos para que la Fiscalía determine si hubo delitos y quiénes podrían ser responsables. Por separado, su Órgano Interno de Control interpuso seis denuncias penales.
Ciudad de México.— El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la noche del viernes 6 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles delitos relacionados con el ejercicio de recursos públicos. La decisión ocurre en medio de los señalamientos sobre contrataciones realizadas durante la gestión de la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala.
La denuncia institucional fue presentada contra quien resulte responsable. En su comunicado, el INE señaló que corresponde a la FGR investigar los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades de las personas involucradas, sin distinción de cargos ni periodos de gestión.
Entre los contratos cuya revisión se ha solicitado se encuentra el de producción de la credencial para votar, adjudicado a la alianza integrada por Cosmocolor, Icard Solutions y Talleres Gráficos de México por un monto de hasta 61.7 millones de dólares, equivalente a aproximadamente mil 173 millones de pesos al tipo de cambio referido cuando se otorgó.
De acuerdo con las versiones periodísticas sobre el escrito presentado a la Fiscalía, el INE también pidió obtener las grabaciones originales difundidas en torno a proveedores y funcionarios del organismo. La finalidad es establecer mediante peritajes su autenticidad, identificar a quienes intervienen y contrastar lo dicho en los videos con contratos, pagos y operaciones financieras. El contenido de esas grabaciones requiere verificación; por sí solo no acredita la comisión de un delito.
La denuncia del INE es distinta de las seis denuncias penales que presentó su Órgano Interno de Control ante la FGR contra personas servidoras y exservidoras públicas, así como empresas. El órgano de vigilancia informó que entre las posibles conductas a investigar se encuentran el uso ilícito de atribuciones, el uso de documento falso, el tráfico de influencias y el cohecho.
A estas acciones se suma la solicitud del Consejo General para que la Auditoría Superior de la Federación revise las adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto correspondientes al periodo de 2016 a 2026.
El paso dado por el INE abre una investigación penal sobre hechos que hasta ahora han sido materia de señalamientos públicos. Será la Fiscalía la encargada de reunir las pruebas, establecer si existieron delitos y determinar posibles responsabilidades, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
