Tijuana, B.C.– Un nuevo audio difundido por el periodista Gildo Garza y retomado por el semanario Zeta reavivó la polémica en torno a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al señalar que autoridades de Estados Unidos presuntamente le ofrecieron una última oportunidad para colaborar con una investigación mediante la firma de una “proffer letter”.
De acuerdo con la publicación, el documento consiste en un acuerdo entre un fiscal estadounidense y una persona bajo investigación para que proporcione información, con la garantía de que las declaraciones rendidas no sean utilizadas directamente en su contra durante un eventual juicio.
Según el contenido del audio, un presunto agente estadounidense habría advertido a la mandataria que se trataba de “la última oportunidad” para cooperar, al considerar que las agencias involucradas “estaban perdiendo el tiempo” con ella.
En la grabación también se escucha la recomendación de que la gobernadora consultara a su abogado para preparar una proffer letter, como parte de un posible mecanismo de colaboración con las autoridades estadounidenses.
Zeta informó que consultó a un agente de Estados Unidos sobre el caso, quien aseguró no tener conocimiento de que Marina del Pilar hubiera firmado dicho documento y afirmó que las investigaciones continúan para determinar qué posibles cargos podrían presentarse.
El mismo funcionario, citado por el semanario, señaló que las indagatorias también alcanzarían a otras personas cercanas a la mandataria, entre ellas su esposo, aunque no presentó pruebas públicas sobre dichas afirmaciones.
Tras la difusión del audio, el equipo de la gobernadora rechazó la versión. El secretario particular de Marina del Pilar aseguró a Zeta que las grabaciones existen, pero sostuvo que fueron “descontextualizadas” y negó que la mandataria haya sostenido reuniones con autoridades estadounidenses o firmado algún acuerdo de colaboración.
La controversia se suma a la revocación de las visas estadounidenses de Marina del Pilar y de su esposo Carlos Torres, ocurrida en mayo de 2025, así como a la difusión de audios previos en los que presuntamente se aborda una posible cooperación con agencias de Estados Unidos.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha confirmado públicamente la existencia de cargos penales contra la gobernadora de Baja California.
