Tucson, Arizona.— Momentos de alta tensión se vivieron este viernes en Tucson y comunidades del sur de Arizona cuando elementos de ICE, en coordinación con otras agencias federales, realizaron un amplio operativo para cumplimentar 16 órdenes de deportación y allanamiento.
Lo que inició como un despliegue policial terminó en protestas masivas, confrontaciones y el uso de gas pimienta contra ciudadanos, periodistas e incluso una legisladora estatal.
El operativo incluyó la visita y revisión de varios establecimientos, entre ellos una sucursal del restaurante Taco Giro, muy conocido en la región, donde agentes interactuaron con trabajadores y clientes mientras ejecutaban órdenes federales. La presencia de ICE detonó manifestaciones inmediatas fuera del local.
Uso de gas pimienta contra manifestantes y autoridades
Mientras un grupo de personas exigía transparencia y denunciaba el actuar del operativo, agentes utilizaron spray pimienta y pepper balls para dispersar a los inconformes, generando caos y empujones.
Entre quienes resultaron afectados se encontraba la congresista Adelita Grijalva, quien aseguró que fue rociada directamente en el rostro mientras se identificaba como miembro del Congreso y solicitaba acceso a información.
“Si así me tratan a mí, ¿cómo tratan a otros miembros de la comunidad que no tienen los mismos privilegios?” declaró la legisladora tras el incidente.
Organizaciones civiles condenaron el uso de fuerza como desproporcionado, señalando que no se justificaba el empleo de químicos en un escenario con ciudadanos desarmados.
¿Qué investigaba ICE?
De acuerdo con información preliminar, el operativo formó parte de una investigación federal por presuntos delitos fiscales e inmigratorios, enmarcada dentro de una política migratoria más agresiva dejada por la administración actual.
Medios estadounidenses reportan que los allanamientos están vinculados a actividades en múltiples negocios, incluyendo restaurantes y comercios latinos.
Una comunidad bajo presión
Las escenas registradas este viernes en Tucson se suman a una serie de operativos recientes donde ICE ha sido acusado de intimidación, falta de protocolos de transparencia y tácticas militarizadas que elevan el temor en zonas de alta población hispana.
Activistas señalan que estas intervenciones dejan un mensaje claro: la frontera está entrando en una fase más dura de persecuciones y redadas, generando incertidumbre incluso entre quienes cuentan con residencia legal.
