Chihuahua, Chih.- La gobernadora Maru Campos encabezó la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde se presentaron indicadores que reflejan avances en materia de percepción de seguridad y confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de la seguridad pública en el estado.
Durante la reunión se informó que la Policía Estatal alcanzó un nivel de confianza ciudadana del 62.3 por ciento, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, cifra que se ubica por encima del promedio nacional.
Asimismo, se dieron a conocer mejoras en los indicadores de percepción de seguridad en municipios como Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Parral, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.
En materia operativa, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, reportó la detención de 82 personas por diversos delitos durante el periodo comprendido del 12 al 14 de junio.
Además, informó sobre el decomiso de más de 6 mil vapeadores en la ciudad de Chihuahua, mercancía cuyo valor estimado supera los 1.9 millones de pesos.
Por su parte, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, presentó avances en materia de procuración de justicia, entre los que destacó una sentencia condenatoria de 42 años de prisión por feminicidio, obtenida por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia.
Durante la sesión también se anunció que en los próximos días se realizará la entrega de nuevo equipamiento a corporaciones de seguridad pública, como parte de la estrategia estatal para fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos policiales y mejorar la atención a la incidencia delictiva.
En la reunión participaron autoridades estatales, militares y federales, entre ellas el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto; así como representantes de la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de Migración.
