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Nueva York.– La defensa de Nicolás Maduro prepara una batalla jurídica para intentar que sea desestimado el proceso penal por narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos, bajo dos argumentos centrales: que gozaba de inmunidad como jefe de Estado y que su captura en Venezuela habría violado el derecho internacional y los mecanismos de extradición.
Maduro, de 63 años, se ha declarado inocente. Su abogado, Barry Pollack, sostiene que su cliente debe ser protegido por la inmunidad aplicable a jefes de Estado y ha cuestionado las circunstancias de su captura durante la operación militar estadounidense realizada el pasado 3 de enero en territorio venezolano.
El desafío para la defensa es considerable. De acuerdo con seis especialistas en derecho internacional y defensa penal consultados por Reuters, diversos precedentes de tribunales estadounidenses favorecen la posición de la fiscalía.
Uno de los puntos que deberá analizar el juez federal Alvin Hellerstein, en Manhattan, será si Maduro puede ser considerado jurídicamente jefe de Estado para efectos de reclamar inmunidad. Estados Unidos dejó de reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela en 2019 y también cuestionó la elección presidencial de 2024.
Entre los antecedentes que podrían pesar aparece el caso del exgobernante panameño Manuel Noriega, capturado durante la invasión estadounidense a Panamá y trasladado a Miami para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico. En aquel proceso, su intento de obtener inmunidad como jefe de Estado no prosperó.
La defensa de Maduro también podría cuestionar la forma en que fue trasladado a territorio estadounidense y argumentar una violación al tratado de extradición entre Estados Unidos y Venezuela.
Sin embargo, existe otro obstáculo: durante décadas, tribunales estadounidenses han sostenido que una captura irregular o incluso ilegal no necesariamente impide que una persona sea posteriormente juzgada en Estados Unidos.
Ese criterio fue reafirmado por la Corte Suprema estadounidense en 1992, en el caso de un médico mexicano que fue secuestrado en México y llevado a Estados Unidos por personas contratadas por la DEA. La Corte determinó que las circunstancias de su traslado no obligaban a desestimar el proceso penal.
Ahora corresponderá al juez Hellerstein determinar si esos precedentes son aplicables al caso de Maduro, en un proceso que podría poner frente a frente principios de inmunidad soberana, derecho internacional y la histórica doctrina estadounidense sobre acusados capturados fuera de su territorio.
