Topolobampo, Sinaloa.- Integrantes de comunidades indígenas mayo-yoreme iniciaron la madrugada de este lunes una toma pacífica e indefinida de los accesos a la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial mexicana del grupo suizo-alemán Proman, ubicada en la bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome.
Los manifestantes, agrupados en el colectivo “¡Aquí No!”, instalaron campamentos y bloquearon el ingreso a las instalaciones con el objetivo de exigir la cancelación definitiva del megaproyecto, al considerar que representa una amenaza para el medio ambiente y para la permanencia de los pueblos originarios en la región.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, afirmó que la protesta permanecerá de manera indefinida hasta obtener una respuesta concreta por parte del Gobierno federal.
“Aquí nos quedaremos el tiempo que sea necesario. Nadie entra y nadie sale hasta que exista una solución”, expresó el representante indígena.
De acuerdo con los organizadores, entre 150 y 200 integrantes de las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos participan en la movilización.
Entre las principales demandas se encuentra la clausura definitiva de la planta, cuyo avance de construcción supera el 88 por ciento, así como la reparación de los daños ambientales que, aseguran, ya se han generado en la zona.
Los manifestantes sostienen que durante el desarrollo del proyecto se han afectado manglares y humedales pertenecientes al sistema Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido internacionalmente como sitio Ramsar por su importancia ecológica.
Asimismo, rechazan cualquier posibilidad de que la planta sea trasladada a otro punto del estado, al argumentar que el riesgo ambiental permanecería para otras comunidades.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han señalado que se encuentran revisando el cumplimiento de la normatividad ambiental y que se realizarán estudios técnicos para evaluar el impacto del proyecto.
La disputa por la planta de amoniaco se ha prolongado por más de una década y ha involucrado procesos judiciales, consultas indígenas y pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales relacionados con la protección ambiental y los derechos de los pueblos originarios.
Mientras tanto, los integrantes del movimiento aseguran que mantendrán el plantón hasta obtener una respuesta definitiva de las autoridades federales sobre el futuro de la obra.
Créditos fotografía: cuartoscuro
