La Fiscalía General de la República (FGR) entra en una etapa de reacomodo profundo tras el nombramiento de Ernestina Godoy como nueva Fiscal General. A unas horas de su llegada, la institución envió una señal inequívoca sobre la dirección que tomará: el funcionario federal David Boone, hombre de absoluta confianza de Omar García Harfuch, será designado como jefe nacional de todas las delegaciones de la FGR.
La movida es estratégica y, para muchos, alarmante. Boone asumirá el control operativo de las delegaciones estatales —las piezas clave desde donde se ordenan investigaciones, operativos y la ejecución de mandatos ministeriales en todo el país—, una posición de enorme poder dentro del sistema de procuración de justicia.
El mensaje es claro: la FGR se alinea al gabinete de seguridad federal, profundizando un proceso que varios especialistas describen como una “fusión” —o en los hechos, una subordinación— entre ambas estructuras. Con Godoy al frente y Boone articulando la operación territorial, la autonomía constitucional de la fiscalía queda en entredicho.
Expertos en derecho penal y seguridad señalan que la concentración de poder en manos de un funcionario formado bajo la tutela directa de Harfuch acentúa la dependencia de la FGR respecto al Ejecutivo, justo en un momento en el que el país enfrenta violencia extrema, crimen organizado sofisticado y redes de corrupción que han penetrado instituciones locales.
Para los críticos, el nombramiento fortalece el peso político y operativo de Harfuch dentro de la fiscalía, reeditando prácticas de control centralizado que históricamente han vulnerado la independencia del Ministerio Público federal.
En términos prácticos, Boone tendrá la capacidad de influir en la dirección de investigaciones sensibles, coordinar operativos nacionales y mover la estructura territorial de la FGR a conveniencia de la estrategia federal, reconfigurando así el tablero de seguridad del país.
