Ciudad de México.– El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México confirmó la suspensión definitiva concedida al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, medida que impide temporalmente que el proceso penal en su contra avance hacia la apertura del juicio oral.
Ruffo Appel se encuentra vinculado a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, dentro de una investigación de la Fiscalía General de la República relacionada con un esquema de introducción irregular de combustibles mediante ferrocarril.
La resolución representa un revés procesal para la FGR, luego de que los magistrados declararan infundado, por unanimidad, el recurso de queja presentado por el Ministerio Público federal para intentar revertir la suspensión.
La Fiscalía argumentó que mantener la medida afectaba el interés social y el orden público debido a la naturaleza de los delitos investigados. Sin embargo, el tribunal consideró insuficientes esos argumentos y dejó vigente la determinación del juez de Distrito.
La suspensión no significa que Ruffo Appel haya sido absuelto ni elimina su vinculación a proceso. Su efecto es mantener detenida la etapa intermedia y evitar, por ahora, que se ordene la apertura del juicio oral hasta que sea resuelto de fondo el amparo promovido por su defensa.
De acuerdo con las investigaciones citadas en el expediente, la FGR acusa al exmandatario y a otros implicados de participar presuntamente en un esquema mediante 11 empresas para introducir más de 18.2 millones de litros de gasolina y diésel en 163 carrotanques, supuestamente evadiendo obligaciones fiscales y aduaneras.
Ruffo Appel permanece recluido en el penal federal del Altiplano, pues la suspensión concedida no implica su liberación.
El fondo del juicio de amparo será el que determine posteriormente si la protección federal solicitada por el exgobernador procede respecto de su vinculación a proceso. Hasta entonces, Ruffo Appel conserva la presunción de inocencia y su responsabilidad únicamente podrá determinarse mediante sentencia judicial.
