Managua, Nicaragua.– La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una nueva reforma constitucional que impediría competir por cargos de elección popular a quienes sean considerados “traidores a la patria” y ampliaría a siete años la duración de los principales cargos públicos.
La iniciativa, impulsada por el gobierno del copresidente Daniel Ortega, fue aprobada por unanimidad a mano alzada durante una sesión especial realizada en la ciudad de León. Al tratarse de una reforma constitucional, todavía deberá superar una segunda legislatura antes de entrar en vigor.
El nuevo artículo 47 establece que no podrán ser candidatos ni ocupar cargos públicos quienes sean calificados como “traidores a la patria”. Esta denominación ha sido utilizada por el gobierno nicaragüense contra opositores y críticos, incluidos ciudadanos que han sido privados de su nacionalidad.
La restricción también alcanzaría a personas que, según el texto, hayan participado directa o indirectamente en intentos de golpe de Estado, solicitado intervención extranjera, recibido financiamiento del exterior para determinadas actividades políticas o respaldado sanciones y bloqueos económicos contra Nicaragua.
Además de quedar fuera de las elecciones y de los cargos públicos, quienes se encuentren dentro de esos supuestos tampoco podrían integrar las juntas directivas de partidos u organizaciones políticas.
La reforma contempla otro cambio de gran alcance: los periodos de los cargos de elección popular y otras posiciones del Estado pasarían a ser de siete años. La disposición alcanzaría a los copresidentes de la República, diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, fiscal general, superintendente de bancos y las jefaturas del Ejército y la Policía.
Para entrar en vigor, la modificación deberá ser aprobada nuevamente durante la próxima legislatura, correspondiente a 2027.
Ortega gobierna Nicaragua nuevamente desde 2007 y actualmente comparte la copresidencia con su esposa, Rosario Murillo, figura incorporada al nuevo modelo de gobierno mediante la reforma constitucional aprobada en 2025.
Los cambios vuelven a colocar en el centro del debate internacional las condiciones para la participación política y electoral en Nicaragua, particularmente por el amplio margen que tendría el Estado para determinar quién puede ser considerado “traidor a la patria” y, por consecuencia, quedar fuera de la competencia electoral.
