Washington, D.C.– El Gobierno de Donald Trump busca contratar a una empresa privada para localizar en México, Guatemala y Honduras a personas que fueron deportadas o salieron voluntariamente de Estados Unidos y que aún mantienen multas migratorias pendientes de pago.
De acuerdo con una convocatoria publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la empresa deberá localizar a los deudores, notificarles el monto que adeudan y gestionar el cobro de las sanciones.
El documento establece que la compañía deberá estar registrada en Estados Unidos y contar con la capacidad para realizar labores de localización en los tres países mencionados.
Una vez identificada la persona, la empresa deberá informarle las opciones para liquidar la deuda, ya sea mediante un pago total, un convenio de pagos o cualquier otro mecanismo autorizado. El monto podrá ser cubierto por el propio migrante o por un tercero.
Además, la empresa deberá comprobar ante las autoridades estadounidenses que localizó a la persona correcta, mediante evidencias como fotografías del domicilio, recibos de servicios, registros laborales o, en caso de fallecimiento, el certificado de defunción.
La CBP estima que actualmente existen 66 mil 387 migrantes que ya no se encuentran en Estados Unidos, pero que aún tienen multas migratorias pendientes.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el monto total de estas sanciones supera los 423 millones de dólares.
Las multas corresponden a diversas infracciones migratorias, entre ellas el incumplimiento de órdenes de deportación. La sanción diaria, originalmente fijada en 500 dólares por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, actualmente asciende a 998 dólares por día, tras los ajustes por inflación.
Aunque Estados Unidos ya utiliza empresas privadas para recuperar este tipo de deudas dentro de su territorio, la nueva contratación busca ampliar esas operaciones para localizar directamente a los deudores en el extranjero.
