En una decisión que ya genera ruido en distintos sectores, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) retiró la autorización a más de 100 organizaciones civiles para recibir donativos deducibles de impuestos a partir de 2026.
El organismo fiscal señaló que estas asociaciones no cumplen con los requisitos establecidos por la ley, aunque no detalló públicamente las razones específicas en cada caso.
De acuerdo con la legislación vigente, las organizaciones deben operar sin fines de lucro y destinar sus recursos exclusivamente a su objeto social. En caso de incumplimiento, la autoridad puede revocar este beneficio fiscal.
Sin embargo, el movimiento no pasa desapercibido.
Entre las asociaciones afectadas se encuentran organismos con peso en el análisis de políticas públicas, educación, asistencia social y también grupos con posturas críticas hacia el gobierno federal, lo que abre el debate sobre el alcance real de la medida.
Instituciones como México Evalúa, Mexicanos Primero, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y diversas organizaciones vinculadas a asistencia social, salud y apoyo a sectores vulnerables aparecen dentro del listado.
El impacto también alcanza a asociaciones religiosas, centros de atención a enfermos, asilos y organizaciones enfocadas en combatir la pobreza, lo que pone sobre la mesa el efecto que esta decisión podría tener en comunidades que dependen de estos apoyos.
Con base en el artículo 82-Quáter de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las organizaciones cuentan con un plazo de 10 días para presentar documentación y tratar de revertir la decisión antes de que la revocación sea definitiva.
Más allá del aspecto técnico, la medida marca un momento clave en la relación entre el gobierno federal y la sociedad civil.
Porque cuando se limita la capacidad de recibir donativos…
no solo se ajustan reglas fiscales,
también se redefine el margen de acción de quienes operan fuera del gobierno.
