El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la nueva etapa del Poder Judicial, surgida tras la elección del pasado 1 de junio, no implica incertidumbre ni un retroceso institucional, sino un avance que fortalece la legitimidad y acerca la justicia a la ciudadanía.
Durante su mensaje en la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el ministro sostuvo que concluyó un periodo en el que los integrantes de la Corte eran nombrados por otros poderes y operaban bajo una lógica que favorecía a sectores privilegiados.
Señaló que la Suprema Corte inicia ahora una fase de transformación profunda, sustentada en un mandato democrático que obliga a sus integrantes a construir una institución distinta, con bases alejadas de las prácticas del pasado.
Aguilar Ortiz subrayó que la reforma al Poder Judicial, que permitió la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, colocó a la Corte en una posición inédita frente a la sociedad. Afirmó que esta nueva responsabilidad exige explicar con claridad las decisiones, escuchar a la ciudadanía y actuar con sensibilidad para garantizar que la justicia sea realmente accesible.
Indicó que este proceso otorgó legitimidad social a quienes integran el Poder Judicial y marcó el fin de una etapa en la que la justicia estaba reservada para unos cuantos, dando paso a un modelo que busca responder a las necesidades del pueblo.
El ministro presidente también destacó la vigencia y relevancia de la Constitución de 1917, al señalar que nació como respuesta a un contexto de desigualdad, abusos e injusticias generadas por las élites, principios que —dijo— siguen siendo guía para el nuevo Poder Judicial.
Entre los ejes que rigen esta nueva etapa, mencionó una justicia de calidad acompañada de un compromiso firme con la austeridad. Explicó que ya se inició una revisión integral de prácticas, prestaciones y estructuras internas, lo que permitió eliminar privilegios y avanzar hacia un uso más responsable de los recursos públicos.
Aclaró que la eliminación de excesos no ha debilitado a la institución, sino que ha permitido redefinir prioridades, al grado de que no será necesario ejercer los 661 millones de pesos adicionales que habían sido solicitados por administraciones anteriores.
Estas declaraciones se dieron en medio de la controversia generada por la adquisición de camionetas blindadas por parte del máximo tribunal, las cuales finalmente no serán utilizadas por los ministros tras las críticas públicas recibidas.
