Chihuahua.- El Gobierno del Estado aseguró que no cederá a presiones para autorizar apoyos o beneficios que contravengan la normatividad vigente, en medio de las manifestaciones que desde hace dos días mantienen bloqueadas las inmediaciones de Palacio de Gobierno en la capital del estado.
El secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, señaló que las movilizaciones han generado afectaciones a la ciudadanía debido a los problemas de circulación vehicular, movilidad peatonal y operación del transporte público en el primer cuadro de la ciudad.
El funcionario explicó que las personas que participan en la protesta mantienen diversos trámites y solicitudes pendientes ante dependencias estatales como la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI), la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.
De acuerdo con De la Peña, cada una de estas solicitudes debe analizarse y resolverse en las instancias correspondientes, respetando los procedimientos establecidos por la ley y las reglas de operación de cada programa gubernamental.
Respecto a uno de los casos que motivaron la manifestación, el secretario respaldó la postura de la COESVI al señalar que una de las solicitantes no cumple con los requisitos para acceder a un programa de mejoramiento de vivienda, debido a que no ha acreditado legalmente la posesión del inmueble donde pretende realizar las obras.
“Los recursos públicos deben entregarse bajo criterios claros y dentro del marco legal”, sostuvo el funcionario.
Además, reveló que existen reportes sobre un presunto uso indebido de apoyos gubernamentales entregados anteriormente a algunas de las manifestantes.
Según indicó, información preliminar apunta a que ciertos beneficios otorgados por dependencias estatales habrían sido comercializados posteriormente en distintos tianguis de la ciudad, situación que podría constituir una irregularidad en el manejo de recursos públicos.
Ante ello, adelantó que las autoridades competentes podrían iniciar las investigaciones correspondientes para verificar los hechos y, en caso de acreditarse alguna anomalía, determinar las responsabilidades que procedan conforme a la ley.
Finalmente, reiteró que ninguna manifestación puede obligar a los servidores públicos a actuar fuera de la normatividad y subrayó que la administración estatal mantendrá abiertos los canales institucionales para atender las solicitudes ciudadanas.
