La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una carpeta de investigación en contra de María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con la FGR, el caso está relacionado con la pensión vitalicia que Casar recibió por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrido el 7 de octubre de 2004.
Según la información oficial, Márquez Padilla laboró en Pemex únicamente 129 días durante el sexenio del entonces presidente Vicente Fox. No obstante, tras su muerte se solicitó de manera inmediata el pago de una pensión posmortem, con efectos a partir de un día después del deceso.
Pemex señaló que dicha pensión habría representado un pago aproximado de 125 mil pesos mensuales, lo que habría generado un presunto daño patrimonial por alrededor de 31 millones de pesos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial en contra de Casar y de otras dos personas presuntamente involucradas en el caso. El delito imputado se encuentra previsto en el artículo 217 del Código Penal Federal, el cual puede aplicarse tanto a servidores públicos como a particulares que se beneficien del uso indebido de facultades oficiales.
Las sanciones contempladas por este delito van de seis meses hasta 12 años de prisión, además de multas económicas, dependiendo de la gravedad de la conducta y el daño causado al erario.
La audiencia inicial fue programada para el próximo 16 de diciembre, fecha en la que se darán a conocer formalmente las imputaciones y la situación jurídica de los señalados.
Aunque el delito no está clasificado como grave y permitiría enfrentar el proceso en libertad, el caso representa un nuevo episodio en la revisión de pensiones y beneficios presuntamente obtenidos de manera irregular con recursos públicos.
Cabe recordar que en febrero de 2024, Pemex suspendió el pago de la pensión; sin embargo, María Amparo Casar promovió un amparo, y un juzgado federal ordenó la restitución provisional del pago mientras se resuelve el fondo del asunto.
La investigación permanece en curso y será el Poder Judicial quien determine la responsabilidad legal de los involucrados.
