El diputado Guillermo Ramírez, presidente del H. Congreso del Estado, fijó una postura clara desde la perspectiva del derecho internacional respecto a la situación que enfrenta Nicolás Maduro, al señalar que no se trata de un debate ideológico ni de soberanía entre naciones, sino de un asunto de responsabilidad penal individual.
El legislador explicó que el análisis jurídico debe centrarse en la conducta personal y no en la figura del Estado, destacando que el derecho internacional está diseñado para sancionar delitos graves y proteger a las víctimas, no para encubrir abusos de poder bajo el argumento de la no intervención.
Ramírez sostuvo que el caso de Nicolás Maduro no puede abordarse como un conflicto entre países, ya que su permanencia en el poder no deriva de un proceso democrático legítimo, sino de un régimen autoritario que carece de sustento tanto en su origen como en su ejercicio.
Añadió que cuando un gobierno concentra el poder, controla o expropia medios de comunicación, limita la libertad de prensa y vulnera de forma sistemática los derechos fundamentales de su población, pierde cualquier base democrática y deja de cumplir con los principios mínimos del Estado de derecho.
El presidente del Congreso puntualizó que el derecho internacional prohíbe la agresión entre Estados, pero no impide que una persona sea investigada y juzgada por delitos de alcance transnacional. Señaló que no se juzga a Venezuela como nación, sino la conducta individual de una persona que enfrenta desde hace años acusaciones formales, investigaciones penales y señalamientos relacionados con crimen organizado y narcotráfico.
Finalmente, Guillermo Ramírez afirmó que el derecho internacional existe para garantizar justicia, proteger derechos humanos y preservar el orden jurídico global, no para blindar a regímenes autoritarios ni perpetuar la impunidad. Subrayó que la historia demuestra que los gobiernos que se sostienen mediante la represión y la ilegalidad, tarde o temprano, terminan por caer.
