Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad una reforma que busca reducir hasta en 80% las pensiones de extrabajadores de alto mando en organismos públicos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el Banco de México y la extinta Luz y Fuerza del Centro.
La iniciativa propone modificar el artículo 127 de la Constitución, con el objetivo de establecer un tope máximo de 70 mil pesos mensuales para las pensiones de exfuncionarios de alto nivel.
La propuesta fue enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y ya recibió primera lectura en el pleno del Senado. Se prevé que el dictamen sea discutido y votado en sesión del pleno en los próximos días.
Durante la discusión en comisiones, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, señaló que existen casos en los que extrabajadores reciben pensiones de hasta un millón de pesos mensuales, particularmente en la extinta Luz y Fuerza del Centro, donde también se han detectado más de 300 pensiones que superan los 300 mil pesos al mes.
Aunque coincidió en la necesidad de revisar los excesos, Anaya criticó que la mayoría legislativa no haya permitido modificar el dictamen y expresó dudas sobre la forma en que se aplicaría el límite de pensiones, especialmente si el tope se vincula con el salario del titular del Ejecutivo federal.
Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, consideró que es injustificable que el Estado pague pensiones millonarias mientras millones de mexicanos sobreviven con ingresos mínimos tras su retiro.
Sin embargo, advirtió que la reducción podría representar una medida retroactiva que afecte derechos adquiridos, lo que podría contravenir lo establecido en el artículo 14 constitucional.
Desde el Partido del Trabajo, el senador Alejandro González Yáñez sostuvo que la reforma no violaría el principio de retroactividad, al tratarse de una medida relacionada con la administración de recursos públicos.
En tanto, la senadora del PRI Carolina Viggiano respaldó la intención de frenar excesos en el gasto público, aunque advirtió que el dictamen podría generar un precedente que ponga en riesgo el estado de derecho si se afectan derechos previamente adquiridos.
