El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, confirmó que la reciente detención del exgobernador César Duarte por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) se ejecutó únicamente después de que el Gobierno de Estados Unidos otorgara una autorización especial el pasado 4 de diciembre, requisito indispensable derivado de su proceso de extradición.
De la Peña explicó que, al haber sido entregado a México bajo los lineamientos del Tratado de Extradición, Duarte solo podía ser procesado por los delitos originalmente solicitados. Cualquier acusación adicional requería un aval explícito del país que concedió la extradición.
Por ello —detalló— se gestionó un principio de excepción, mecanismo que finalmente permitió a la autoridad federal actuar por los nuevos cargos que enfrenta el exmandatario.
“Chihuahua ha cumplido con su deber”: Gobierno estatal mantiene procesos locales abiertos
El funcionario subrayó que el Gobierno del Estado ha cumplido cabalmente con su responsabilidad jurídica, pues Duarte continúa sujeto a procesos penales en la esfera local. Aclaró que los beneficios con los que contaba el exgobernador provenían de la ley y no de alguna decisión discrecional.
“Este señor está sujeto todavía a proceso en el Estado de Chihuahua.
Gozaba de los beneficios que le da la ley, no un beneficio otorgado por una decisión unilateral.
Ahora le toca enfrentar a la justicia en otro ámbito, en este caso, en el federal”, enfatizó De la Peña.
El secretario aseguró que la administración de Maru Campos será respetuosa del Estado de Derecho y del desarrollo del juicio federal actualmente en curso.
FGR deberá sostener acusaciones; Duarte podrá defenderse
De la Peña confió en que la Fiscalía General de la República presente pruebas sólidas ante los tribunales federales. Señaló que, como cualquier imputado, César Duarte contará con la posibilidad de defenderse mediante los recursos legales correspondientes.
Mientras tanto, el Gobierno del Estado permanecerá atento al avance del proceso y reiteró que la prioridad es garantizar que las instituciones actúen conforme a la ley y con total transparencia.
