El presidente del Congreso del Estado emitió un posicionamiento público respecto al citatorio enviado a la gobernadora Maru Campos dentro de una investigación federal, donde pidió que los asuntos en materia penal sean tratados con “seriedad, rigor jurídico y respeto institucional”.
En el pronunciamiento, señaló que las fiscalías no deben convertirse en instrumentos de presión política, al advertir que cuando la justicia se contamina con intereses ajenos al derecho, se debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
Asimismo, recordó que el sistema jurídico mexicano contempla modalidades específicas para la comparecencia de determinados servidores públicos, particularmente gobernadores, cuando acuden en calidad de testigos.
“El propio documento refiere una comparecencia testimonial dentro de una investigación federal”, expresó, subrayando que la mandataria estatal no está señalada como responsable ni imputada de delito alguno.
También sostuvo que cualquier actuación ministerial debe estar plenamente fundada y motivada, evitando contradicciones procesales o confusiones entre figuras jurídicas aplicables a imputados y testigos.
“El debido proceso, la exacta aplicación de la ley, la seguridad jurídica y la objetividad ministerial no son simples formalidades; son principios constitucionales”, indicó.
En el mismo posicionamiento, afirmó que toda autoridad debe colaborar con las instituciones de procuración de justicia, pero señaló que las autoridades también están obligadas a actuar con profesionalismo, objetividad y absoluto apego al marco constitucional.
Finalmente, expresó respaldo político a la gobernadora Maru Campos, destacando que “siempre ha dado la cara” y advirtiendo que una cosa es la actuación legítima de la justicia y otra muy distinta intentar generar “espectáculos políticos” mediante actuaciones mediáticas o deficientes.
