El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, advirtió que no habrá excepciones para servidores públicos que resulten vinculados con la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de la muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, ocurrida el pasado 22 de febrero.
En conferencia de prensa desde Sinaloa, el funcionario federal aseguró que actualmente existen investigaciones abiertas contra policías municipales, elementos estatales y otras personas que presuntamente colaboraban con el grupo criminal.
“Hay investigaciones en curso contra policías municipales, policías estatales y otro tipo de personas que sabemos que tenían participación con este grupo”, señaló.
Harfuch dejó claro que, hasta el momento, no existen indagatorias formales contra políticos en Jalisco; sin embargo, subrayó que si surgen pruebas sólidas, se procederá conforme a la ley, sin importar el cargo.
Las declaraciones se dan luego de que medios nacionales difundieran supuestas listas de nóminas del CJNG, donde se detallan pagos semanales a “halcones”, policías municipales, elementos de la Guardia Nacional y operadores armados.
De acuerdo con esos documentos —cuya autenticidad aún no ha sido confirmada— los “halcones” recibirían alrededor de dos mil pesos semanales, mientras que coordinadores de vigilancia obtendrían hasta tres mil pesos. En el caso de policías municipales en Jalisco, los pagos reportados oscilarían entre 20 mil y 167 mil pesos.
No obstante, el secretario precisó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de verificar la veracidad de esos documentos y determinar si constituyen prueba válida.
“Con cada indicio encontrado en un cateo debe cuidarse la cadena de custodia. Una vez que la Fiscalía analice todo, podrá informar e iniciar carpetas de investigación cuando corresponda”, explicó.
El mensaje central es contundente: tras la caída del principal líder del CJNG, la lupa ahora está puesta no solo en la estructura criminal, sino también en posibles redes de protección institucional.
La siguiente etapa no será solo operativa.
Será judicial.
