El caso de la clienta que intentó adquirir nueve televisores Samsung de 50 pulgadas por 384 pesos cada uno en la sucursal Las Torres de Walmart en Ciudad Juárez dio un nuevo giro, luego de que un funcionario de la empresa revelara que existió la posible participación de un empleado en el intento de compra.
De acuerdo con la versión interna de la transnacional, la supuesta oferta apareció en la plataforma digital de Walmart, donde se anunciaban hasta 10 pantallas con especificaciones técnicas completas y un precio considerablemente inferior al real. Para cuando la compradora, Itzel Maynez, realizó la operación, una de las unidades ya había sido adquirida.
El conflicto surgió en el área de autocobro, donde inicialmente se negó la venta bajo el argumento de un error de etiquetado. Sin embargo, al mostrar la publicación en línea, el sistema permitió el cobro de las nueve televisiones, por un monto total de 3,456 pesos, aunque las unidades nunca fueron entregadas.
Posteriormente, el gerente de la sucursal, Manuel Chaparro, ordenó retener la mercancía, argumentando una falla en el sistema. No obstante, la empresa reconoce que existen inconsistencias en el procedimiento, por lo que se abrió una investigación interna.
Otra versión, que no ha sido desmentida por la compañía, señala que rebajas extraordinarias habrían sido utilizadas de manera irregular en otras ocasiones, presuntamente con la participación de personal directivo, quienes a través de terceros adquirirían productos a precios reducidos durante lapsos breves para justificar la operación.
En este caso, el plan habría fallado luego de que empleados alertaran a personas externas, provocando que los televisores fueran adquiridos antes de que pudieran ser apartados por personas cercanas a la administración de la tienda.
La situación escaló cuando el equipo de seguridad de Walmart solicitó la intervención policial, argumentando que la clienta había ingresado acompañada de personas armadas, versión que derivó en la intervención de la Policía Municipal, la cual pidió a Itzel Maynez abandonar el establecimiento bajo el argumento de una actitud agresiva.
Mientras tanto, la Profeco no intervino de manera directa en el conflicto, lo que volvió a generar críticas sobre su limitada presencia operativa en Ciudad Juárez.
Por su parte, el presidente de la Canaco Ciudad Juárez, Iván Pérez Ruiz, calificó la compra masiva como un “abuso doloso”, al considerar que se intentó aprovechar una falla evidente del sistema.
Como parte del cierre del incidente, el personal de la sucursal impidió la salida de los televisores y procedió a modificar los códigos de barras, tras detectar que el precio se alteraba al ingresar un código distinto al original del producto.
La investigación interna de Walmart sostiene que solo había tres televisores en existencia, y que la operación estaba premeditada, ya que la clienta habría utilizado un código de barras alterno que marcaba el precio reducido, mientras que el código real reflejaba el costo original.
Aunque inicialmente se habló de un posible acuerdo, la entrega de las pantallas sigue sin resolverse, manteniendo abierto un caso que ha generado polémica sobre prácticas internas, controles de precios y la actuación de las autoridades de protección al consumidor.
