Foto: Cuarto oscuro
Al menos una veintena de senadores de Morena, PVEM, PRI y PAN mantiene a sus suplentes dentro de la nómina del Senado, una práctica que, aunque no está expresamente prohibida por la ley, ha encendido alertas por posibles conflictos de interés, especialmente cuando esos suplentes reciben sueldos elevados y contratos adicionales de asesoría pagados con recursos públicos.
El caso más representativo es el del coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández. Su suplente, Óscar Palomera Cano, fue incorporado al Senado desde septiembre de 2024 como secretario general de Servicios Administrativos, una posición clave desde la cual administra cerca de 5 mil millones de pesos del presupuesto legislativo. Su salario mensual ronda los 130 mil pesos, apenas por debajo de la dieta de un senador en funciones.
La situación no es aislada. Al menos otros veinte legisladores, principalmente de Morena pero también del PVEM, PRI y PAN, tienen a sus suplentes contratados como asesores o personal externo, con ingresos que superan los 100 mil pesos mensuales en algunos casos.
Entre los ejemplos que más llaman la atención están los de los senadores morenistas Cuauhtémoc Ochoa, Beatriz Mojica y Aníbal Ostoa, quienes no solo colocaron a sus suplentes en la estructura del Senado, sino que además les asignaron contratos de asesoría paralelos, incrementando sus percepciones.
En el caso de Aníbal Ostoa, su suplente Carlos Martínez Aké fue contratado como asesor legislativo con salario mensual, pero además recibió dos contratos adicionales por un monto que supera los 800 mil pesos, aun cuando llegó a asumir brevemente como senador suplente en octubre de 2024.
Una dinámica similar se repite con la suplente de Beatriz Mojica, Patricia Guadalupe Ramírez Bazán, y con la de Cuauhtémoc Ochoa, Erika Janeth Cabrera Palacios, quienes combinan sueldos administrativos con contratos por asesoría.
La lista se amplía con nombres de peso dentro de la Cámara Alta, como la presidenta del Senado Laura Itzel Castillo, así como los morenistas Ignacio Mier, Saúl Monreal, Carlos Lomelí, y legisladores del PVEM como Waldo Fernández.
Un caso particular es el del senador José Ramón Gómez Leal, cuya suplente funge como secretaria técnica de una comisión que él mismo preside, con un salario que supera los 100 mil pesos mensuales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la concentración de poder y decisiones administrativas.
En la oposición, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, también tiene a su suplente contratado en el Senado, aunque con ingresos menores en comparación con los casos de Morena.
No todos los suplentes están en la nómina legislativa. Algunos ocupan cargos en gobiernos estatales o en la administración federal, como la suplente de Gerardo Fernández Noroña, quien dirige SuperISSSTE, o la suplente de Raquel Bonilla, que actualmente es secretaria de Educación en Veracruz.
Aunque legal en el papel, la práctica de colocar suplentes en puestos clave del Senado y asignarles contratos adicionales ha reavivado el debate sobre la ética, la transparencia y el uso del presupuesto público en el Poder Legislativo, en un contexto donde el discurso de austeridad sigue siendo bandera política.
