Chihuahua, Chih.– Lo que por años fue sinónimo de abandono, privilegios indebidos y sobrepoblación crítica en los Centros de Reinserción Social de Chihuahua hoy muestra un giro claro. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) presentó resultados que marcan un antes y un después en la gobernabilidad del sistema penitenciario.
Uno de los cambios más relevantes ha sido el fortalecimiento real del personal de custodia. Desde 2023 se incorporaron 193 nuevos elementos penitenciarios formados en academias, lo que permitió recuperar el control operativo al interior de los centros y cerrar espacios a la improvisación y la corrupción.
A este ajuste estructural se sumó una medida largamente postergada: la homologación salarial del personal penitenciario. Más de 1,200 custodios vieron dignificada su labor al recibir salario base, bonos compensatorios y bonos de riesgo mensuales, rompiendo con una deuda histórica hacia quienes sostienen la seguridad dentro de los CERESOS.
En paralelo, la entrega de uniformes completos durante dos años consecutivos reforzó el orden interno y la identidad institucional, algo que no se había visto en administraciones anteriores y que hoy impacta directamente en la disciplina operativa.
El golpe más visible se dio en infraestructura y control. Con la creación de más de 800 nuevos espacios para Personas Privadas de la Libertad, principalmente en el CERESO número 3 de Ciudad Juárez, se eliminaron prácticas toleradas durante años, como las llamadas “celdas VIP”, y se redujo de manera contundente la sobrepoblación penitenciaria, que pasó del 42 por ciento al 11.26 por ciento.
El mensaje fue claro: ya no hay zonas intocables. Las revisiones extraordinarias se multiplicaron, al pasar de 119 mil en 2023 a casi 400 mil en 2025, lo que derivó en el aseguramiento de más de 42 mil objetos prohibidos, reflejando una política de control permanente y sin simulación.
En materia de estabilidad, la estrategia incluyó 383 traslados a centros federales y 1,088 a penales estatales, como parte de un manejo firme y técnico de la población penitenciaria, priorizando la seguridad y la gobernabilidad.
Pero el enfoque no se quedó solo en el control. Más de 4 mil 900 Personas Privadas de la Libertad participaron en programas laborales durante 2025, mientras que miles más se integraron a actividades culturales y deportivas, fortaleciendo los procesos de reinserción social con hechos, no discursos.
Bajo la conducción del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, el sistema penitenciario dejó de ser una bomba de tiempo para convertirse en un espacio con reglas claras, orden y rumbo.
Durante años los CERESOS fueron tierra de nadie. Hoy el mensaje es claro: se acabaron los privilegios, volvió el orden y el control regresó al Estado. En seguridad, los discursos no cuentan; los resultados sí.
