El Gobierno de México cerró la puerta definitivamente al uso y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos, una decisión que marca un giro radical en la política de salud pública. La nueva reforma establece sanciones severas para quienes fabriquen, transporten, almacenen, vendan o promuevan estos dispositivos, con multas que superan los 226 mil pesos y penas de hasta ocho años de prisión.
La medida surge ante el preocupante crecimiento de su consumo entre adolescentes, especialmente en Chihuahua, donde más de 44 mil jóvenes han declarado haberlos utilizado alguna vez, encendiendo alarmas entre especialistas y autoridades.
La ley prohíbe en todo el país:
- La fabricación y acopio de vapeadores.
- La importación, exportación, transporte y distribución.
- La venta en cualquier establecimiento o plataforma digital.
- La publicidad, promoción o propaganda de estos productos.
La norma define como vapeador cualquier aparato, mecánico o electrónico, que pueda calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina. La ampliación de la definición busca cerrar vacíos legales que permitían la venta disfrazada de “dispositivos alternativos”.
Las sanciones económicas van de 100 a 2,000 UMAs, es decir, entre 11,314 y 226,280 pesos, además de cárcel dependiendo del nivel de participación en la cadena de comercialización.
Especialistas en salud celebraron la medida, señalando que los vapeadores no son inocuos:
afectan la memoria, concentración, autocontrol y atención, además de generar daño pulmonar prematuro en jóvenes.
El mensaje del gobierno es claro: México no tolerará la expansión de estos dispositivos entre menores de edad.
