En una sesión marcada por confrontaciones políticas, acusaciones de acaparamiento y una votación acelerada, el Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas, con 85 votos a favor y 36 en contra. La minuta, enviada por la Cámara de Diputados apenas minutos antes, fue discutida y aprobada en fast track, con dispensa de trámites y sin mayor deliberación pública.
La reforma busca fortalecer la rectoría del Estado en el manejo del agua, reglamentar el derecho humano al recurso y modificar el régimen de concesiones. Sin embargo, el proceso legislativo desató un choque frontal entre Morena y la oposición.
Un debate que estalló desde el primer minuto
La discusión inició con un enfrentamiento verbal entre los coordinadores parlamentarios Ricardo Anaya (PAN) y Adán Augusto López (Morena). El ambiente se tensó rápidamente: en los escaños aparecieron carteles, lonas y consignas de ambos bandos.
- El PRI acusaba: “Morena traiciona a los campesinos”.
- Morena respondía: “El agua es un derecho, no un negocio”.
- Senadoras del PAN desplegaron una manta que advertía:
“Expropiar el agua es condenar al campo a la pobreza”.
La discusión pronto rebasó lo técnico y tomó un cariz político y personal.
Disputa por el control del agua: PAN advierte riesgos y Morena niega expropiación
Ricardo Anaya subió a tribuna para pedir suspender la discusión. Según él, la reforma elimina la transmisión automática de concesiones y abre la puerta a que el Estado decida discrecionalmente a quién reasignar el agua.
“Podrás vender tu tierra, pero el agua regresa al gobierno”, afirmó.
El coordinador panista también respondió a señalamientos de que legisladores de su bancada acaparan agua, asegurando que un senador de Morena posee tres veces más volumen que todos los panistas señalados juntos.
Adán Augusto López rechazó la acusación y leyó el Artículo 49, argumentando que la reforma conserva los derechos en casos de compraventa o herencia, y descartó que exista expropiación.
Aprovechó para lanzar una crítica directa:
“Tal parece que a algunos les sigue doliendo la derrota de 2018”.
Se intensifican señalamientos: Noroña, PRI, PVEM y MC entran al debate
El morenista Gerardo Fernández Noroña acusó al expresidente Vicente Fox de contar con 10 concesiones de agua.
El Partido Verde apuntó contra la oposición por supuestos “huachicoleros del agua”.
La priista Paloma Sánchez pidió escuchar al campo y evitar que la ley se convierta en un mecanismo de control sobre agricultores.
Desde MC, Néstor Camarillo sostuvo que la reforma centraliza el agua en el gobierno, en lugar de democratizarla.
El PAN propone alternativas
El senador panista Mario Vázquez declaró que la ley “nace sin diálogo”, y presentó tres ejes que considera indispensables:
- Programa Nacional de Agua Potable ante fugas que superan 40%.
- Inversión en infraestructura agrícola, riego tecnificado y obras de captación.
- Reconstrucción técnica de Conagua tras años de debilitamiento institucional.
Los puntos centrales de la nueva ley
Entre sus aspectos principales destacan:
- Nuevas reglas para transmitir concesiones y reasignaciones obligatorias con supervisión estatal.
- Plazos más claros para prórrogas y renovación de títulos.
- Flexibilización en ventas de tierras agrícolas sin cambiar el uso del agua.
- Sanciones penales por traslado ilegal de agua, desde 3 hasta 8 meses de prisión.
- Aumento de penas para funcionarios que otorguen concesiones ilícitas.
- Programas para evitar acaparamiento y promover la gestión responsable.
Una aprobación que deja heridas abiertas
La aprobación relámpago dejó más preguntas que certezas. Morena sostiene que la reforma moderniza el sistema hídrico y garantiza el derecho humano al agua. La oposición afirma que el Estado gana discrecionalidad y que el campo queda en vulnerabilidad.
El debate continuará en la discusión en lo particular, pero el choque político revela que el agua se ha convertido en el nuevo campo de batalla legislativo en México.
