En medio de un clima político encendido y protestas del sector agrícola en Chihuahua, comenzó a circular una imagen que exhibe a nueve legisladores y figuras públicas como “se buscan por traicionar a Chihuahua”, acusándolos de avalar la nueva Ley de Aguas impulsada por Morena y el Gobierno federal.
La publicación, compartida masivamente en redes sociales, incluye fotografías de Juan Carlos Loera, Andrea Chávez, Alejandro Pérez Cuéllar, Daniel Murguía, Lilia Aguilar, Armando Cabada, Teresita Vargas, “Nono” Corral y Grecy Durán. A todos ellos se les atribuye haber votado o respaldado la iniciativa que, según productores y organizaciones rurales, pone en riesgo el patrimonio hídrico del estado y vulnera derechos adquiridos de miles de familias.
Temores y reclamos del sector agrícola
La imagen denuncia una serie de consecuencias que, de acuerdo con críticos de la reforma, afectarían directamente a los productores chihuahuenses:
- Pérdida del derecho al agua de pozos particulares.
- Eliminación automática de concesiones históricas.
- Imposibilidad de heredar o usar pozos como garantía.
- Caída del valor y productividad de las tierras agrícolas.
- Intervención del Gobierno federal para retirar agua “cuando quiera”.
- Riesgo de criminalización por el uso inapropiado o no autorizado del agua.
Estas preocupaciones coinciden con las advertencias hechas por organizaciones productoras, el Consejo Estatal Agropecuario, el Frente Nacional del Agua y legisladores de oposición, quienes afirman que la iniciativa centraliza el control del agua en el Gobierno federal, reduciendo la autonomía de productores y gobiernos locales.
El contexto nacional: una ley aprobada entre protestas y acusaciones
El 4 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas tras más de 24 horas de discusión. El proceso estuvo marcado por reclamos de falta de consulta a agricultores, especialistas y pueblos indígenas.
Mientras Morena defiende la ley como una “modernización necesaria” para combatir el acaparamiento, reducir abusos y garantizar acceso equitativo, sectores productivos denuncian que la reforma elimina derechos adquiridos y abre la puerta a expropiaciones encubiertas mediante reasignaciones discrecionales.
En Chihuahua, uno de los estados más afectados por sequías e infraestructura limitada, el tema ha generado especial tensión. En redes sociales se ha intensificado la narrativa de que legisladores afines al Gobierno federal “traicionaron al estado” al no frenar una ley que —según grupos inconformes— afectaría directamente a productores agrícolas, ganaderos y usuarios rurales.
Versiones encontradas
Morena ha negado tajantemente que la ley retire pozos, elimine propiedad privada o criminalice productores, afirmando que estas versiones forman parte de una campaña de desinformación.
Por su parte, la oposición sostiene que los artículos de la minuta sí permiten la cancelación de concesiones, la imposibilidad de heredar derechos y la reasignación del agua según criterios federales.
El debate continúa y se espera que en los próximos días el Senado enfrente nuevas presiones antes de la votación definitiva.
