Chihuahua, Chih.- El exgobernador Javier Corral Jurado vuelve al centro de la polémica, luego de que un juez federal decidiera atraer la investigación en su contra por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos, decisión que autoridades estatales calificaron como “furtiva y unilateral”.
El caso, originalmente bajo jurisdicción de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, está relacionado con la contratación del despacho “López-Elías Finanzas Públicas S.C.”, durante la administración de Corral en 2019, para la reestructuración de la deuda pública estatal.
La resolución del juez y la reacción estatal
De acuerdo con información oficial, el 20 de octubre de 2025, el juez Roberto Antonio Alcoverde, con sede en Chihuahua, notificó que aceptó conocer la causa penal 3058/2024, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
El fiscal anticorrupción Luis Abelardo Valenzuela Holguín calificó la decisión como una violación al pacto federal, al haberse emitido sin informar a las autoridades locales ni a la Secretaría de Hacienda del Estado, considerada la víctima institucional.
“Le quieren dar un pase de salida a Javier Corral”, declaró Valenzuela.
“No vamos a entregar la carpeta de investigación del fuero común, porque hacerlo sería ilegal”, añadió el funcionario.
Implicados y contexto judicial
Además del exmandatario, la investigación involucra a Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda, y al abogado Pedro López Elías, ambos señalados como prófugos y con fichas migratorias activas.
El exgobernador Javier Corral, actualmente senador plurinominal por Morena, mantiene suspendida la orden de aprehensión en su contra debido a su fuero federal, aunque las alertas migratorias continúan vigentes.
Corral confirmó que él mismo solicitó la atracción del caso al fuero federal, argumentando que busca garantías de imparcialidad y condiciones para demostrar su inocencia. Además, adelantó que emprenderá acciones legales contra quienes —según él— “fabricaron” el expediente.
Debate sobre el fuero y tensiones institucionales
La Fiscalía estatal advirtió que la atracción del caso por parte de la FGR podría constituir una violación constitucional, ya que los recursos presuntamente desviados provienen del erario estatal.
Valenzuela recordó que el fuero constitucional no debe confundirse con impunidad, pues fue diseñado para proteger de persecuciones políticas, no para blindar delitos comunes.
La decisión del juez Alcoverde ha intensificado la tensión entre la Fiscalía Anticorrupción y la FGR, y ha sido interpretada como una posible maniobra para favorecer al exgobernador.
Durante una conferencia de prensa, se exhibieron imágenes de la audiencia celebrada el 13 de octubre en el juzgado federal, en la cual no estuvieron presentes ni Corral ni el exsecretario Fuentes Vélez, y ninguna autoridad estatal fue convocada, lo que fue descrito como una “manipulación procesal” en favor del senador morenista.
El caso continúa en disputa jurídica, y se prevé que en los próximos días la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua promueva recursos legales para impugnar la competencia federal.
Mientras tanto, el expediente se ha convertido en un nuevo foco de confrontación política y judicial entre los gobiernos estatal y federal, reavivando el debate sobre los límites del fuero constitucional y la autonomía de las entidades federativas.
