La tragedia en Uruapan marcó un punto de quiebre. Días después del asesinato del alcalde Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes la puesta en marcha del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia nacional que busca atender las raíces de la violencia en el estado mediante tres ejes fundamentales: seguridad y justicia, desarrollo económico con equidad, y educación y cultura.
Durante lo que denominó una “mañanera de pueblo”, la mandataria federal reconoció la labor y entrega del edil asesinado, a quien describió como “uno de esos hombres que sirven a su pueblo con entrega y convicción”.
“Carlos Manzo representaba la esperanza de una política cercana a la gente. Su muerte no será en vano”, expresó Sheinbaum ante representantes de comunidades indígenas, jóvenes y líderes sociales.
El plan —según explicó— será construido desde la voz de los propios michoacanos, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana en el diseño de políticas de pacificación. Sheinbaum insistió en que la seguridad no se alcanza con la guerra, sino con la justicia social, reiterando su visión de atacar las causas estructurales de la violencia.
A partir de este martes, la presidenta convocó a su gabinete de seguridad y desarrollo para definir acciones concretas, con la meta de presentar una versión completa del plan a finales de esta semana o principios de la próxima.
Sin embargo, el anuncio llega tras semanas de tensión política y reclamos sociales. El propio Carlos Manzo había solicitado públicamente la presencia de Sheinbaum y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en Uruapan para atender la ola de violencia. Esa visita nunca ocurrió.
El crimen del alcalde, cometido durante un acto público, desató fuertes críticas hacia el Gobierno Federal por su aparente indiferencia ante los llamados de auxilio. Ahora, con el lanzamiento del plan, la ciudadanía espera que las promesas se traduzcan en resultados tangibles y no en otro discurso de emergencia política.
El “Plan Michoacán” se perfila como una de las primeras pruebas de fuego para la administración de Sheinbaum, en un estado donde la violencia, la corrupción y el hartazgo social siguen siendo heridas abiertas.
El desafío será demostrar que la paz no solo se decreta —se construye, con hechos y justicia.
